LA INSTITUCIÓN SACRIFICIAL DE LA MEDICINA

En estos días comparecen frente a las cámaras de la institución central de la televisión algunas de las víctimas del escándalo de los implantes. Una investigación periodística desvela las consecuencias negativas de la implantación de distintos dispositivos, fabricados industrialmente, en los cuerpos de los pacientes, por los operadores de esta industria que se arroga la imagen del progreso. La profusión de las imágenes y los relatos de las víctimas contrasta con el silencio sepulcral de la profesión médica, devenida en un dispositivo de manipulación de los cuerpos en nombre del sacralizado precepto de la salud.

El silencio profesional contrasta con la presencia ubicua de algunas de las víctimas, que alcanzan así el estatuto de la visibilidad. Sus terribles relatos ponen de manifiesto las miserias de la institución médica, en tanto que las consecuencias letales de los dispositivos injertados en sus cuerpos no constituyen un diagnóstico específico, que es de lo que se ocupa a esta corporación. El no discurso ante la comparecencia del evento mediático, constituye una táctica cuyo objetivo es demorar la interpretación oficial del suceso en espera de que el paso de los días disuelva los sentimientos de indignación que suscita, siendo reemplazados por el siguiente en la eterna circulación de los escándalos, que es el signo de la institución televisión.

La institución medicina se encuentra rigurosamente fragmentada y especializada, de modo que las cuestiones que afecten a la ética son remitidas a la emergente bioética, convertida en una especialidad médica ubicada en el confín de las especialidades. Esta relevante especialidad reclama para sí el rigor asociado a tan científico saber, lo que implica tomarse un tiempo prudencial para pronunciarse acerca de cualquier suceso. De este modo, el silencio general afecta también a los notables de la bioética, que se pronunciarán públicamente en el interior de esta docta comunidad científica, en el ámbito restringido de sus reuniones científicas y publicaciones, sancionando así su ausencia en las coyunturas que avivan las deliberaciones acerca de prácticas profesionales cuestionables.

De este modo se instituye un silencio sepulcral que denota un monolitismo profesional, que se hace manifiesto en situaciones de crisis como esta. En los largos años que he estado presente en este campo profesional he podido comprobar la ausencia de grietas. La profesión tiene la competencia de cerrarse monolíticamente hacia su interior para protegerse de cualquier contingencia. La ley del silencio es el indicador de la clausura institucional, que adopta la forma de denegación de la competencia del espacio público para deliberar acerca de las cuestiones que afectan a su funcionamiento.

El éxito de este cierre facilita un efecto perverso, que es el control efectivo de la industria sobre la misma, facilitado por el estado de penumbra del cierre al exterior, y sustanciada en el poder que le otorga la fabricación de dispositivos físicos con la pretensión de resolver problemas de salud. Así detenta la titularidad de un próspero campo económico, avalado por el imaginario del progreso, en tanto que se arroga la facultad de curar. El resultado es la conformación de un áurea creciente, que se instala en las mentes de los esperanzados y atemorizados ciudadanos, que se ubican en la condición subjetiva de encontrarse en riesgo de enfermar. Este es un misterioso trance que afecta a las sociedades industriales avanzadas.

Pero, en el fragor mediático que desencadena este suceso, la prerrogativa  de no pronunciarse afecta solo a las instancias profesionales. El gobierno tiene que comparecer en este tiempo mediático para decir al respecto. En este caso, en una sociedad también especializada y dominada por los expertos, lo hace la ministra de Sanidad.  Esta ostenta la condición de licenciada en Medicina y Cirugía, ejerciente en sus comienzos como médica de atención primaria en un centro de salud de Gijón. Tras esta experiencia asistencial, se inició en el desempeño de cargos políticos, culminando su carrera mediante la titularidad del ministerio.

Las palabras de la ministra ante esta emergencia son esclarecedoras. Se pronuncia inequívocamente en defensa de este sistema de atención médica industrializado. Pide calma en espera de la constitución de las comisiones que realizarán las indagaciones pertinentes. Pero, lo más cuestionable de sus palabras, radica en que inscribe a los afectados en la categoría marginal de representar una población minoritaria, en tanto que suman un porcentaje mínimo respecto a los tratados por esta productiva industria, que estima en torno a un millón de implantes anuales. No dedica ni una palabra de consuelo al dolor de tan insignificantes portadores de cuerpos inadaptados a los dispositivos injertados, que son encerrados en su condición de irrelevancia estadística.

La intervención de la presidenta de la agencia especializada se produce en los mismos términos. Distanciamiento técnico y definición de los afectados en término de porcentajes exiguos.  De este modo escamotea la cuestión central: esta es la inexistencia de seguimiento de los pacientes con implantes, así como de censos y estadísticas. La paradoja es monumental: un sistema de atención que se funda en el registro y la constitución de una base de datos formidable, que termina por aplastar a sus propios operadores y que reformula los sentidos de la clínica, omite la información acerca de los efectos de los injertos. El menosprecio por el estado de los pacientes es manifiesto.

Pero la cuestión más inquietante es la reducción de esta población sufriente a datos estadísticos. Aquí radica el núcleo perverso del imaginario médico-industrial. No sé si los lectores imaginan las reacciones ante la generalización de esta pauta. Las víctimas del terrorismo serían reducidas a un porcentaje inferior al uno por ciento. Así las víctimas de desastres, incendios u otros accidentes en los que esté presente la posibilidad de neglicencia. La desfachatez de este argumento es desmesurada y desvela la licencia de que goza el dispositivo médico-industrial.

Las sociedades del presente son sacrificiales. La idea de que para preservar el conjunto es necesario el sacrificio de una parte de la población se encuentra presente en todos los discursos de la economía y el poder. La institución central, la empresa, se funda sobre esta premisa. Para sobrevivir y crecer, se acepta que tiene que proceder al sacrificio de una parte de su plantilla. La idea axial de la competencia sienta las bases de esta ideología. Los perdedores deben asumir su exclusión en nombre de los principios sagrados del éxito y la excelencia.

Tras las palabras de las autoridades, el silencio corporativo de la profesión y la espera al pronunciamiento -científico, por supuesto- de los bioéticos, subyace la ideología sacrificial. Los afectados solo son una exigua parte de los beneficiarios de los tratamientos mediante implantes. Su levedad estadística les confiere la gloria del ser los sacrificados necesarios para el progreso terapéutico. Al igual que los soldados en las guerras clásicas o las poblaciones víctimas de efectos colaterales, su sacrificio es necesario para la constitución de un orden superior. Aquí radica su gloria anónima, aún a pesar de que estos no tienen ni siquiera un monumento simbólico al paciente desconocido, ni unas palabras amables en las celebraciones.

Se trata de cuerpos sobre los que se experimenta con su consentimiento, determinado por falsas promesas. La ideología del consentimiento informado muestra sus sombras en este caso. Me parece patético el conformismo de las distintas víctimas que comparecen en las pantallas. Han sido engañadas por una autoridad incuestionable asentada en la experticia. Estos pacientes avasallados por la autoridad médica fundada en su áurea científica, y reforzada por los medios de comunicación, son receptores de medias verdades y mentiras de distinto grado de sofisticación, elaboradas en la comunicación fastuosa característica del dispositivo médico-industrial.

Termino preguntando acerca del porcentaje de sufrientes necesarios para ser aceptados como un problema sanitario. Me conmueve la ausencia de datos y que los investigadores periodísticos abran un censo en el que se inscriben en dos días varios miles de víctimas. Conozco muchos casos de prácticas médicas atentatorias contra el bienestar del paciente, obtenidas mediante el consentimiento forzado y fundado en el abuso de autoridad. Por poner un caso, una amiga mía de Granada, septuagenaria, a la que la ideología de la salud industrializada ha convertido su vida en una secuencia terrible de renuncias y sacrificios referenciadas en conseguir superar la esperanza de vida. Esta amiga incauta, que acude a los caladeros terapéuticos que se ubican preferentemente en la asistencia privada, sufre la extirpación de su propio sueño. Es una roncadora persuadida de los peligros de esta práctica. Le han instalado un aparato ostentoso y de gran tamaño para dormir, que no le permite cambiar de posición y le genera una sensación de ahogo. Dice que se levanta hecha polvo. Me abstengo de comentar lo que supone dormir mal para una persona de esta edad.

Insisto en preguntar ¿cuántos son bastantes para ser aceptados como problema? El Roto ilustra la ideología de la conversión en estadísticas de los sacrificados por el progreso terapéutico.